Artículo 42. Negociaciones y contratos Gobierno a Gobierno. Las entidades del sector público podrán realizar negociaciones y contratos de forma directa Gobierno a Gobierno, así como con empresas públicas de otros países, sin necesidad de someterse a procedimientos de licitación pública o cotización, cuando el objeto de dichas negociaciones y contratos sea la provisión de bienes, servicios u obras relacionados con infraestructura portuaria o aeroportuaria, movilidad de personas o carga, seguridad ciudadana, defensa, infraestructura educativa, deportiva no federada, vial o tratamiento de aguas o desechos sólidos.
Las negociaciones y contratos Gobierno a Gobierno realizados al amparo de la presente disposición deberán, garantizar, en todo caso, la transparencia, razonabilidad económica y verificación técnica de las condiciones ofrecidas. Cada entidad contratante será responsable directa de las negociaciones y contratos, debiendo suscribir los instrumentos respectivos conforme a su competencia y capacidad jurídica. Las obligaciones derivadas de dichos instrumentos no tendrán carácter de obligación soberana ni gozarán de garantía soberana, siendo únicamente exigibles frente a la entidad contratante.
Las negociaciones y contrataciones Gobierno a Gobierno que impliquen compromisos multianuales podrán formalizarse bajo esta modalidad, siempre que el documento que respalde la negociación esté suscrito, a más tardar, el 31 de octubre del presente ejercicio fiscal. Cuando las negociaciones y contrataciones Gobierno a Gobierno abarquen dos o más años fiscales, deben provisionarse adecuadamente los fondos necesarios para su terminación en los presupuestos correspondientes.
Las negociaciones y contrataciones Gobierno a Gobierno que regula el presente artículo deberán registrarse en la modalidad regulada en el artículo 54 del Decreto Número 57-92, Ley de Contrataciones del Estado, en la aplicación del párrafo quinto de dicha norma, observando en todo lo conducente las disposiciones y principios de dicho cuerpo legal.
El Ministerio de Finanzas Públicas, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia y las entidades que administren o ejerzan rectoría normativa o de sistemas relacionados con el presupuesto, las adquisiciones, la inversión deberá emitir las actualizaciones necesarias que permitan la utilización efectiva del mecanismo previsto en este artículo.
Se faculta a las Entidades para aceptar cláusulas relacionadas a normas y prácticas internacionales, cláusula general de arbitraje o de sometimiento a jurisdicción internacional, siendo extensiva además para suscribir los convenios y/o contratos modificatorios que los mismos requieran.
Toda documentación relacionada con lo indicado en los párrafos anteriores, se regirá de acuerdo a lo establecido en el artículo 42 del Decreto Número 2-89 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo Judicial. Las contrataciones y servicios de asesoría a las que se hace referencia estarán exentas de toda clase de impuestos.
Las adquisiciones efectuadas bajo esta modalidad estarán sujetas a control y fiscalización posterior por parte de los órganos competentes, en especial de la Contraloría General de Cuentas.